Por Karlha Velásquez Rivas
*Versión impresa de noviembre de 2020
Un balde de agua fría le cayó a Juan González cuando vio en las noticias que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito puso fin al Estado de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a 300 mil inmigrantes de Haití, El Salvador, Nicaragua, Siria, Honduras, Yemen, Somalia y Sudán del Sur.
La idea de saber que podría ser deportado a su país de origen lo mantiene en alerta. “Es estresante, imagínate que después de 30 años viviendo en este país te digan que te tengas que regresar”, comentó González cuyo nombre es un seudónimo para resguardar su identidad.
La mayoría de los titulares del TPS son salvadoreños son 240 000 beneficiados. Todos ellos cuentan con un número de seguridad social y un permiso de trabajo que les permite sacar la licencia de conducir, abrir negocios y estar tranquilos. Pero la decisión de la corte hizo que este beneficio dure hasta el 4 de enero de 2021.
Si las autoridades estadounienses no trabajan juntas en buscar una solución, los salvadoreños y otros beneficiados entrarían en un limbo, pero de ilegalidad. Según el director del Instituto Salvadoreño del Inmigrante, César Ríos, se estima que más del 15% de los titulares de esa nacionalidad con TPS regresarían a El Salvador si no hay otra alternativa, otros en cambio consideran irse a Canadá.
Ante esta situación el año pasado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele sostuvo conversaciones con el gobierno de Catar para generar alianzas y crear visas de trabajos temporales para los salvadoreños que deseen ir a ese país.
Por otra parte, hizo acuerdos con EEUU para limitar el número de deportaciones, si se llega a dar el caso de no buscar otra salida.
Un estudio de 2017 del Centro de Recursos Legales para el Inmigrante encontró que el dar por terminado el TPS impactaría negativamente en los ingresos de la Seguridad Social y el Medicare cuyo ingreso asciende los 6,9 billones, también decaería el Producto Interno Bruto a $45,2 billones y aumentaría el costo en deportaciones en los próximos 10 años.
Ahora bien, si bien es cierto que el TPS no fue creado para dar una residencia inmediata a los beneficiados, sí ha sido un respiro para muchos. Este beneficio tenía que ser renovado cada cierto tiempo pagando una cuota de $495 según lo exijan las autoridades, este periodo puede ser entre 6, 12 y 18 meses.
No solo Juan pende de un hilo sobre saber qué va a pasar con su vida después de estar en el país 30 años y lo que dice es razonable: “Yo llegué aquí más joven y con más fuerza para trabajar. ¿Qué haría yo en mi país? Según lo que veo, las cosas están cambiando para bien pero aún así ya yo hice vida aquí. Compré mi casa y está paga. Uno se trauma con toda esta situación”.
Fechas marcadas
En 1990 se crearon reformas sobre la Ley de inmigración en el que la Fiscalía de EEUU podría otorgar estatus de protección temporal a inmigrantes cuyos países de orígenes hayan entrado en un conflicto armado, un desastre ambiental u otras condiciones.
En 2003, el Servicios de Inmigración sostuvo la batuta, pero a partir del 2017 quien designa si un país aplica para el estatus de protección temporal es el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS).
El Salvador había entrado al TPS en 2001 debido a que sufrió dos terremotos mortales. Honduras había entrado debido a las secuelas devastadoras del huracán Mitch que dejó sin hogar a más de 1,5 de 6 millones de habitantes y destrozó pueblos enteros.
Mientras que los países africanos se deben a la situación belicosa en esas regiones.
En un mensaje del DHS del 2018 explica que las razones por la que se le da término a la protección es porque «la secretaria determinó que las condiciones originales causadas por los terremotos de 2001 ya no existen».
«Muchos proyectos de reconstrucción han sido terminados. Las escuelas y hospitales dañados por los terremotos han sido reconstruidos y reparados, las casas han sido reconstruidas, y se ha proporcionado dinero para agua y saneamiento y para reparar carreteras y otras infraestructuras dañadas por el terremoto. El desorden sustancial de las condiciones de vida causadas por el terremoto ya no existe», agrega el mensaje.
En este caso, la situación de Juan es distinta, así como la de muchos salvadoreños que estando en el país optaron por esa situación.
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El inmigrante patriota
Juan era un agricultor de Sonsonate, una ciudad al suroeste del país. Allí conoció a su mujer y tuvo su primer hijo. Había sufrido amenazas de muerte por los grupos guerrilleros y decidió partir a EEUU por los caminos verdes. No tenía visa.
Con $ 2 000 que le prestó su cuñada que ya vivía en el estado de California (EEUU) decidió partir. Pasó por Guatemala y luego en la frontera con México lo rebotaron varias veces. Para ese entonces México, cuenta González, no emitía visas a los salvadoreños.
Después de sobornar a unos oficiales mexicanos entró a ese país rumbo a la frontera estadounidense. Sin pestañear cruzó con unos coyotes hasta llegar a California. El plan era traer a la familia. “Fue un tiempo difícil. Los mexicanos me regresaron varias veces, no podías pasar si eras salvadoreño. Uno tenía que pagarles a los guardias para que te dejaran tranquilo. Y cada uno cobraba algo. Tuve que ser muy cuidadoso con el dinero que me habían prestado, era lo único que tenía”, dijo Juan.
Más tarde su esposa hizo la travesía y después su hermano con el hijo de Juan ya adolescente.
En California pidió asilo político y se lo dieron. “En ese entonces todo era más fácil de tramitar. Renovaba mi asilo el tiempo que me pedían”, contó.
Allí trabajó en una empresa de galletas junto con su esposa, hasta que hubo una despedida masiva y se les hizo difícil encontrar otro trabajo y correr con los gastos en la ciudad. Un amigo de Juan que estaba en Omaha le sugirió venir así que en 1994 llegó aquí.
Trabajó en una empacadora de carne y después trabajó en la empresa de alimentos Conagra donde duró 18 años. “Me retiré por el estrés que me causaba, no tenía vacaciones ni días libres. Los beneficios y el pago era bueno pero tuve cáncer por el estrés. Ahora trabajo en una empresa de construcción y me gusta, pero no sé hasta cuando pueda estar ahí debido a la eliminación del TPS”, dijo.
Juan y su familia estaban bien y más con la llegada de su hija Jenny, cuyo nombre también fue resguardado para este artículo.
Estafadas y TPS
En 2003, Juan recibió una carta del servicio de Inmigración en el que decía que su asilo no sería renovado y que comienza un trámite de deportación. La razón: las autorizades estadounidense “descubrieron” que Juan prestó prestó servicio militar obligatorio por dos años y luchó contra las guerrillas de ese país durante el periodo de la guerra civil.
“Yo la verdad no entendí esa razón porque cuando pedí el asilo nunca me preguntaron eso. Sí, yo presté servicio militar porque estaba luchando por mi país, además era obligatorio. Hasta el mismo gobierno de EEUU nos entrenó, fueron ellos quienes enseñaron al ejercito a defenderse, ahora me pusieron eso como excusa para no renovarme el asilo”, dijo González sin nada que esconder.
Así que buscó un abogado entre las calles Dodge y 86 el cual le “prometió” que resolvería su problema y apelaría su caso. “Pasaron más de cuatro años y el abogado me dijo: busca tu pasaporte que serás deportado. Me cobró $15 000, me estafó, no hizo nada. Decidí buscar a otro abogado, se llama Brian Blackford y él tomó mi caso y, gracias a él estoy en el programa del TPS y sin pagar la cantidad del otro abogado”, dijo.
Incertidumbre y controversia
En septiembre de 2020, el programa se había convertido en una fuente de controversia política durante la administración de presidente Trump busca poner fin a las protecciones de los inmigrantes sin dar señal de soluciones como una residencia permanente.
Hasta ahora, todos los titulares del TPS tienen permiso de trabajo vigente hasta el 4 de enero de 2021. Pero hasta el cierre de esta edición no se ha dado reporte de nada más.
La única manera en que los titulares de TPS pueden ser ajustados a la residencia permanente legal es a través de un voto de mayoría cualificada en el Senado (involucrando a 3/5 de todos los senadores), dada la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para TPS.
La esperanza de Juan es su hija Jenny, quien cumplirá 21 años el año que viene y someterse al proceso legal de reclamar familiares directos.“Si me dicen que debo salir del país, pues saldremos para llevar a cabo todos los trámites. Yo ya no tengo nada qué hacer allá en El Salvador. Nuestra única esperanza es mi hija. Pero debes saber que todo esto te trauma”, dijo.
Luego de las elecciones las expectativas es que desaparezcan los baldes de agua fría y que las autoridades den un camino justo a estos seres humanos que han aportado a la economía de este país.