Al menos 63 personas detenidas durante la redada de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una planta procesadora de alimentos en Omaha permanecían bajo custodia en la cárcel del condado de Lincoln, en North Platte, hasta la tarde del viernes.
Los detenidos trabajaban en Glenn Valley Foods, en Omaha, y tras la operación de ICE, al menos 74 personas fueron arrestadas y trasladadas a un centro de procesamiento temporal en la misma ciudad.
Annie Wurth, subdirectora legal del Centro para el Avance de Inmigrantes y Refugiados (CIRA), está trabajando para ofrecer representación legal a quienes fueron detenidos.
“Estamos todos muy ocupados, pero también profundamente agradecidos con la comunidad por su apoyo, así como con nuestros compañeros de trabajo, por todas las formas en que se han sumado y nos han respaldado en este plan que teníamos preparado y que esperábamos no tener que activar”, afirmó.
Wurth indicó que aún estaba tratando de confirmar si la cárcel del condado alberga a 63 o 64 de los detenidos por ICE. El resto, aunque no está confirmado, probablemente ya fueron deportados o se encuentran en instalaciones federales. Su equipo ha podido hablar con “una buena parte” de los detenidos, pero no tuvo acceso a ellos sino hasta la mañana del viernes.
CIRA se ha encargado de asegurar que todos tengan acceso básico a alimentos, agua y otros elementos esenciales como medicamentos y ropa.
Wurth recordó que las personas detenidas en la redada, sean o no ciudadanas estadounidenses, conservan su derecho al debido proceso, lo que incluye el acceso a representación legal. Sin embargo, argumentó que ese derecho no fue respetado durante al menos las primeras 48 horas tras los arrestos. También aclaró que, en el ámbito migratorio, dicho derecho no siempre está garantizado.
El equipo de CIRA, junto con otros abogados que colaboran de forma voluntaria, trabaja para que los detenidos puedan ser representados ante un juez, otro derecho contemplado dentro del debido proceso. Wurth explicó que este tipo de audiencias también brindan la oportunidad de demostrar ciudadanía estadounidense o algún estatus migratorio protegido.
“Hemos estado conversando con las personas detenidas, y creo que es importante entender que muchas de ellas llevan 72 horas bajo custodia y no han podido comunicarse con sus familias”, dijo Wurth. “Probablemente su mayor preocupación en este momento es cuál será su futuro en Estados Unidos, qué pasará con sus seres queridos, hacia dónde irán. Algunas incluso sienten tanto miedo que no pueden sentarse a hablar con nosotros sobre su situación.”
Sobre el futuro migratorio de los detenidos, Wurth dijo que varía según cada caso, pero que en términos generales, el sistema actual ofrece muy pocas vías legales hacia la ciudadanía.
“No hay suficientes personas que califiquen para obtener alivios migratorios o que tengan opciones legales disponibles, y eso refleja lo roto que está nuestro sistema migratorio”, señaló.
CIRA, en conjunto con Nebraska Appleseed, está trabajando con el Prairielands Freedom Fund, con sede en Iowa, para ofrecer apoyo económico a quienes sean elegibles para pagar una fianza.
Además, CIRA está fortaleciendo su equipo de trabajo social para atender directamente a las familias afectadas por la redada, en colaboración con el Heartland Workers Center. Ambas organizaciones han estado difundiendo información sobre “Conozca sus derechos” tras el operativo de ICE.