Por Karlha Velásquez Rivas
El tema sobre la Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) está puesta sobre la mesa. La Corte Suprema tiene el poder de erradicar o continuar con el programa que ha beneficiado con oportunidad de empleo a más de 800.000 inmigrantes desde su creación en 2012. El sentimiento de incertidumbre se siente y abogados y Dreamers (Soñadores) están a la expectativas sobre los posibles escenarios.
Desde que la administración del presidente Donald Trump anunció en 2017 la terminación de DACA, las protestas y especulaciones sobre el destinos de los Soñadores se presentaban en los medios. Trump había dicho que se trataba de un programa ilegal.
Para ese entonces, un estudio de opinión realizado por Morning Consult and Politico en abril 2017 encontró “que 78% de los votantes estadounidenses apoyaban dar a los Dreamers posibilidad de permanecer permanentemente en Estados Unidos, incluido el 73% de los votantes de Trump”.
Ahora bien, también se veía cumplida la promesa de Trump de erradicarla sin llegar a ninguna otra solución para los que han crecido en este país.
En el supuesto negado de que sea erradicado DACA y no haya ninguna otra solución, le costaría al país $460,3 billones de pérdidas anuales del Producto Interno Bruto (PIB) de EEUU, y en el caso de Nebraska sería de $150,2 millones, y sumado a ello, a la pérdida de miles de permiso de trabajo y en consecuencia una redada masiva de deportaciones.
Pero también se podría presentar otra opción, la extensión de Daca – quizás ahora por las razones de la pandemia – y llegar a una renovación constante de permisos de trabajo sin ninguna vía de ajuste de estatus legal. O bien por último, la decisión prometedora de que los Soñadores pasen a ser residentes en aras de conseguir su ciudadanía.
¿Qué es DACA?
El programa DACA permite que los inmigrantes no autorizados que llegaron a los EEUU antes de los 16 años de edad, tengan la oportunidad de permanecer en el país bajo ciertas condiciones establecidas como estudiar en una escuela del país y no tener récords criminales. Las personas que cumplan con los requisitos podrán tener un permiso de trabajo y una protección de dos años para evitar una deportación, beneficio que debe ser renovado terminado ese periodo.
De ahí, nada más, el programa no es un puente ni tiene la opción de estatus legal en el país, es como estar en el limbo.
En una entrevista realizada en noviembre de 2019 a la abogada Alexis Steele, del Centro Legal para Inmigrantes (ILC), quien lleva estudiando los casos de los Soñadores en Omaha, piensa que de ser erradicado el programa devastaría por completo a la comunidad. “perderían sus permisos de trabajo. Pero esto no se haría de inmediato, estarían vigentes hasta que expiren”, dijo.
Ante este hipotético escenario espera que se cree un nuevo camino para darle un estatus a quienes por años han visto este país como suyo, y no conocen a otro. “Las personas que tienen Daca es porque no tienen otra alternativa para poder quedarse en el país y formarse. Nadie quería escoger Daca, pero era la única opción”, señala la jurista.
Explicó que no todos los Dreamers están dentro del programa DACA por lo que algunos no pudieron inscribirse en el programa en el tiempo en que Trump decidió cortar con las nuevas solicitudes en 2017. Para ese entonces se conoció que aproximadamente 800.000 jóvenes aplicaron al programa y habían sido aprobados pero el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) registró 689.800 activos.
De acuerdo con las estadísticas recientes (noviembre 2017) del USCIS Nebraska tiene ahora 3.070 Dreamers activos de los cuales 1.500 se ubican entre Omaha y Council Bluffs. Y hay activos en todo el país 688.860 soñadores. Lo que quiere decir que ha habido una baja debido a que algunos han ajustado de alguna manera su estatus migratorio o simplemente no han renovado su protección.
Programa nada nuevo
La abogada Steel explicó que DACA no es un programa nuevo, ya que desde hace años se viene llevando a cabo esta práctica de ubicar a los inmigrantes indocumentados en un estatus de limbo. “Cuando una persona indocumentada viviendo en el país es víctima de algún crimen puede aplicar para una visa T o visa U, pero estas son limitadas por año. Entonces cuando no se sabe dónde ubicar a esta persona o no hay tiempo para buscarle un estatus, entonces dispone de la acción diferida para que no sean removidos ni deportados del país”, comentó.
La Acción Diferida existe desde 1975. Bajo esta rama legal de la ley de inmigración el presidente Ronald Reegan había creado en 1987 el programa de Equidad Familiar (Family Fairness) el cual fue extendida bajo la administración de George Bush padre en 1990. La idea del programa era “no separar a las familias de inmigrantes elegibles” por la reforma migratoria (IRCA) de 1986.
En ese año, el inmigrante que había estado en el país de forma consecutiva desde el primero de enero de 1982, es decir por cuatro años sin haber salido del territorio estadounidense, podía ser elegible para tener una residencia. Sin embargo, tenía que escoger a un solo miembro de la familia, cónyuge o hijo, bajo ciertas condiciones para que pueda estar en EE.UU. y posiblemente bajo un estatus de “wait-in-line” (en cola), y no libraba de una deportación.
Esta paradoja ocasionó ruido y discusiones en donde la iglesia católica y grupos hispanos intervinieron alegando que 30% de los 3 millones que aplicaron para unir a sus familias iban a ser separados de estas por las condiciones antes mencionadas.
El 15 de junio de 2012, Obama anunció DACA en una alocución desde la Casa Blanca, dijo: “para estar claros, este no es una amnistía, no es una inmunidad, esto no es un paso para la ciudadanía, no es una solución permanente, es solo una medida provisional temporal, que nos permite estar enfocados en recursos que nos da un poco de alivio que da esperanza a los talentosos, luchadores y los jóvenes patriotas (…) esto es lo que debemos hacer porque es algo temporal”, publicó The Washington Post.
Este programa, bajo el amparo de la Ley Dream, permite que algunas personas con presencia de indocumentados, que hayan sido traídas al país desde 2007 siendo menores de 16 años y estén viviendo en el territorio estadounidense desde entonces, puedan tener un permiso de trabajo, seguro de salud y licencia de conducir, además de no ser deportados y la posibilidad por aplicar a un número de seguridad social, que tampoco estaba garantizado. Esto siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos y principalmente no tener récord criminal. Programa que no proporciona un camino a la ciudadanía para los destinatarios.
Finalmente, también bajo la administración de Obama se anunció el 20 de noviembre de 2014 el Programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA) comparado con el Family Fairness. En esa oportunidad se protegía de la deportación a los inmigrantes que fueran padres de ciudadanos estadounidenses o residentes legales, y que hayan estado en el país de forma consecutiva desde 2010.
El programa se quedó en el viento pues no entró en vigor. Y en 2017 la administración de Trump decidió removerlo de la lista de prioridades que pudo haber resuelto la situación de padres indocumentados en el país.
La administración de Trump alegó que se trataba de una “amnistía clandestina” y denunciaron que Obama sobrepasó su autoridad al proteger a un tipo específico de inmigrantes que vive ilegalmente en el país, refiere aldíadallas.
La querella de noviembre
Mientras uno quiere cortarlo otros quieren extenderlo. El 12 de noviembre del año pasado la corte suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos orales sobre tres casos consolidados de DACA. En una sala repleta se debatieron juntos por aproximadamente 80 minutos los sumarios archivados en California, el Distrito de Columbia y Nueva York, cuyos representantes alegaron que la decisión de Trump de terminar DACA, se “violó la Ley de Procedimiento Administrativo”.
La querella fue presentada por el Procurador General de los Estados Unidos, Noel Francisco, instó a los jueces a mantenerse al margen de las discusiones porque se trataba de un asunto del Gobierno Federal y no de los tribunales.
Por su parte Theodore Olson, quien argumentó en nombre de los beneficiarios de DACA y los grupos de derechos civiles, les dijo a los jueces que deberían comenzar con una «fuerte presunción» de que las acciones de una agencia federal son revisables. Pero los jueces le refutaron preguntándole a Olson bajo qué criterios hace tal sugerencia.
Entretanto, “Olson y Michael Mongan, el procurador general de California, acordaron que el caso debería ser devuelto. Olson enfatizó que la administración Trump debía proporcionar una ‘explicación precisa, razonada, racional y legalmente sólida» para su decisión de terminar con DACA, pero «no lo hizo por completo’ porque no quería asumir la responsabilidad de la decisión, prefiriendo echarle la culpa al Congreso y a los tribunales”, publicó el portal Scoutusblog.
En resumen se discutió sobre la legalidad e ilegalidad, si debe devolverse o no, pero lo que sí quedó claro fue que Tribunal fue contundente al manifestar que no le gustaba Daca. Pero los defensores mantienen firme su palabra de que la decisión final la tiene el Gobierno.
Cada caso tiene su particularidad
La manera en que el beneficiado de DACA haya entrado al país definirá qué tanto papeleo debe llenar a la hora de ajustar su estatus, esto quiere decir que dependiendo de la entrada al país (con visa o sin ella) pueden aplicar ciertos cambios y formularios que el ILC podrán resolver, explica también Steele.
Por ejemplo, los que hayan entrado con visa y años después contraído matrimonio con ciudadanos estadounidenses no tendrán necesidad de salir del país, caso contrario para los que entraron por los caminos verdes.
Este último ejemplo fue el caso de Luceli Pacheco, procedente de México, quien en una entrevista para El Perico en noviembre del año pasado, contó que había llegado al país a la edad de 4 años. Ella es procedente de México. “Me trajeron mis padres y desde entonces he estado aquí. Primero estuvimos en California y luego cuando tuve 8 años nos mudamos a Nebraska, y he vivido desde entonces”, dijo la ahora Dreamer de 30 años.
Antes de estar en el programa DACA, Pacheco solo estudiaba hasta conseguir su licenciatura en diseño gráfico y comunicación. Pero, no tenía permiso de trabajo para ejercer su profesión. Cuando se anunció el programa la joven no lo pensó dos veces para aplicar y ahora tiene su permiso de trabajo desde entonces, el cual ha ido renovando cada dos años, pagando casi $500 de arancel.
Así como ella, unos 700.000 soñadores están a la expectativa de las decisiones que se tomen durante la administración de Donald Trump. Y lo que no se debe olvidar es que desde ese limbo esos dreamers también han contribuido con la economía y emprendimiento del país, y siguen siendo parte de la fuerza laboral.
Mientras tando, amanecerá y veremos.