La audiencia para decidir si se renovaría la licencia de las cuatro tiendas de venta de cerveza, Arrowhead Inn, Jumping Eagle Inn, Stateline Liquor y D & S Pioneer Service, fue el resultado de una audiencia realizada el 11 de octubre en la cual un comisionado de condado que supervisa a Whiteclay dijo que no existían suficientes miembros en las fuerzas policiales para poder vigilar el pueblo no constituido infestado de crimen.
El 6 de abril, la LCC escuchó a los demandantes y a los dueños de las tiendas de venta de cerveza en una sala de audiencias dentro del capitolio para decidir si  Whiteclay tenía una presencia policial suficiente. Durante la audiencia de 12 horas, se escucharon los testimonios de los residentes de Whiteclay y de los oficiales de Pine Ridge. También se habló sobre problemas tales como la elaboración ilegal de bebidas alcohólicas, el tráfico de personas y los peligros a la salud pública.
Aunque los dueños de las tiendas de venta de cerveza y su abogado argumentaron que el LCC no tenía un derecho legal para cuestionar la renovación de las licencias, la comisión consideró que no era un derecho sino una obligación.
“Yo considero que estas actividades en Whiteclay han sucedido durante demasiado tiempo y mi voto es por no renovar las licencias”, dijo el Comisionado Bruce Bailey.
Él citó la Ley de Control del Licor en Nebraska, señalando siete disposiciones en específico del estatuto como las razones para tomar esta decisión.
Él también mencionó que varios testigos habían proporcionado testimonios muy importantes, testigos que trabajan en el Lakota Hope Ministry, con base cristiana, en Whiteclay.
“No tender trabajo, lo cual será muy bueno”, dijo Abram Neumann, misionario de 22 años de edad que ha atendido a los indigentes de Whiteclay durante los últimos dos años.
Bruce BonFleur, quien fundó el ministerio hace 13 años, dijo que esta podría ser una decisión transformativa para Whiteclay.
“Vemos esta decisión con un paso inicial y vital en lo que será un Whiteclay transformado, uno que promueve la vida, la sanación y la esperanza”.
Robert Batt, Presidente del LCC, dijo que él espera que no renovar las licencias sea el primer paso que lleve a un cambio en Whiteclay. Sin embargo, él dijo que no es el final del enfoque sobre los problemas que hace que los Oglala Lakota vayan ahí. Para trabajar sobre eso, nos dijo, se requerirá que las instituciones federales acepten su mal manejo.
“Yo pido que la Oficina de Asuntos de Nativos Estadounidenses, que el Departamento de lo Interior y eventualmente el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica actúen”, dijo Batt. “Si podemos arreglar a todos los países en el mundo, necesitamos arreglar al condado más pobre en Norteamérica”.
“Ahora en verdad necesitamos actuar rápidamente”, dijo Boesem. “Hoy es un día repleto de emociones y dejaré que sea un día repleto de emociones, pero mañana será momento de preguntarnos: ‘¿Y ahora qué vamos a hacer?’”.
La Senadora Estatal Patty Pansing Brooks, a quién muchos atribuyen la activación de la voluntad política alrededor de Whiteclay, dijo que la decisión del miércoles es una continuación de una continua travesía espiritual.
Pansing Brooks dijo que ella lo sintió cuando LaMere habló con ella por primera vez. Ella lo sintió la  primear vez que habló con las víctimas del tráfico de personas. Ella espera que esto, además de su propuesta de ley para promover la desintoxicación, creación de empleos y desarrollo económico en el pueblo, cambie la relación parasitaria a algo muy diferente.
Durante la mañana del 27 de abril, un Juez del Condado de Lancaster revocó la decisión del NLCC de no renovar las licencias de licores en Whiteclay, restituyéndolas de forma inmediata. Esa tarde, Doug Peterson, Fiscal General de Nebraska, en representación del NLCC, apeló la decisión ante la Suprema Corte de Nebraska, manteniendo la orden del NLCC en vigor.
El 30 de septiembre, la Suprema Corte de Nebraska revocó la orden del Juez del Condado de  Lancaster que revocaba la decisión del NLCC. Por ahora, las ventas de licor han terminado en Whiteclay, a no ser que se emitan nuevos permisos para la venta de licor o que una demanda federal revocare la decisión del Estado.

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